Un Pizarro criollo pretende retroceder 500 años

En Perú, un Pizarro criollo está saqueando la riqueza del país como hace 500 años lo hizo el conquistador hispano al robar el áureo metal del inca Atahualpa, sólo que esta vez el ladrón se está apropiando del “Oro Negro” de la Amazonía peruana para entregarlo a la voracidad de las transnacionales, pese al rechazo del pueblo que allí vive, declarado en insurgencia para impedir su propio exterminio y el de sus tierras ancestrales.

Alan García, es el vende-patria, y presidente del país que adelanta simultáneamente un genocidio y ecocidio orientado a la extinción de centenares de miles de indígenas, últimos descendientes de los pueblos originarios y a la destrucción de los ingentes recursos naturales que encierra ese territorio, parte de la Amazonía que posee la más grande reserva de agua dulce y biodiversidad del planeta, hoy expuestos a ser envenenados en Perú por los derrames petroleros.

La catástrofe humanitaria y ecológica que está generando el mandatario con el apoyo de los miembros de su gabinete, obtuvo carta blanca al aprobarse, en el marco del TLC suscrito con Estados Unidos, una Ley por Decreto Supremo que no requiere de la aprobación del Parlamento que faculta al Ejecutivo para dar en concesiones a las transnacionales tres cuartas de la Amazonía peruana.

El instrumento es una aberración jurídica, inconstitucional, violatoria del Derecho internacional y de acuerdos y resoluciones de la ONU, sobre los Derechos de los Pueblos Originarios y la Declaración del Día Mundial de la Tierra, aprobada por iniciativa del presidente boliviano Evo Morales, que llama al respeto e integridad de la Pachamama, -Madre tierra- nombre con el que designan los pueblos originarios a la Tierra, por ser ella la que da vida a hombres, animales, agua y plantas.

La insurrección de las comunidades nativas, tiene lugar después de meses de infructuosas negociaciones entabladas con el gobierno, que desconoce las justas demandas que plantean en defensa de de la Amazonía peruana con una superficie de más de 70 millones de hectáreas, parte de los 7 millones de kilómetros cuadrados de la selva amazónica que abarca en su totalidad a gran parte de Perú, Brasil, Bolivia, Ecuador, Guyana, Suriname, Venezuela y Guayana Francesa.

Empresas de Argentina, Australia, Canadá, Colombia, Estados Unidos, España, India, Gran Bretaña, Irlanda y de otras naciones han comenzado o se disponen a iniciar, la invasión de unos 55 millones de hectáreas (más del 70% del territorio amazónico peruano) para extraer el energético, cuyas grandes reservas se ha comprobado mediante el uso modernos y sofisticados métodos de prospección como son los satélites espaciales.

En opinión de expertos y la experiencia acumulada, el peligro que amenaza a esas frágiles y vulnerables tierras, lo constituyen los derrames de petróleo, junto con las labores de prospección sísmica, (uso de explosivos) la tala de árboles y uso de químicos tóxicos que envenenan la tierra y el agua, lo cual da origen a enfermedades, hambre, sed y muerte entre indígenas, plantas y animales.

Ejemplo trágico del inmenso daño que está llamado a generar la masiva explotación de petróleo en la Amazonía peruana, lo ofrece la vecina Amazonía ecuatoriana, donde la voracidad de una transnacional yanqui desató hace 15 años una espiral de destrucción y muerte provocada por un derrame petrolero que enfermó a miles de indígenas, envenenó ríos y mató a millones de peces y otras criaturas de la selva ecuatoriana.

El ecocidio, que causó un daño ambiental mucho mayor que el provocado por el supertanquero Exxon Valdez en Alaska hace 20 años, hizo que las comunidades indígenas de la provincia de Napo, afectadas por el derrame, instauraran una demanda judicial contra la petrolera, juicio que después de 15 años de iniciado no ha concluido debido a las maniobras dilatorias ejercidas por la empresa que se niega a aceptar su responsabilidad.

La Amazonía peruana tampoco ha escapado a desastres como los ocurridos en Ecuador, pues sus pobladores han sido víctimas de hechos similares en los últimos años, como lo fue el derrame de nueve mil millones de barriles de desechos tóxicos que la empresa yanqui Occidental Petroleum, -Oxy- lanzó a las aguas del río Corrientes y otros afluentes durante las actividades de explotación de uno pozo realizadas entre 1970 y 2000 cuando lo cedió la empresa argentina Pluspetrol.

Los contaminantes envenenaron las aguas del río, dando muerte a millones de peces y otros animales y enfermando a miles de hombres, niños, ancianos y mujeres que al beberla, bañarse y preparar sus alimentos, fueron víctimas de graves dolencias nerviosas, de la piel y vías intestinales, por efecto del plomo y cadmio contenido en los desechos, lo cual fue causa de muerte de muchos de ellos.

Es en respuesta a ese ultraje a su dignidad y existencia, que los indígenas peruanos se declararon en insurgencia, en nombre del legítimo derecho que asiste a todo pueblo a rebelarse contra la ocupación del territorio en el que han vivido durante milenios, aislados de una sociedad depredadora que los ha llevado al borde de la extinción, por lo que exigen al gobierno la derogación de los decretos que aprueban el otorgamiento de concesiones a las transnacionales petroleras.

La respuesta del mandatario a su justa causa, no pudo ser más brutal y prepotente. “Las tierras pertenecen a todos y no a un pequeño grupo que vive allí. Las tierras de la Amazonía son de ustedes, de sus hijos, son de toda la nación”, les dijo en un gran esfuerzo para ocultar el cinismo e hipocresía que encerraban sus palabras.

Y es que en el lenguaje del presidente peruano, la palabra “todos” significa “pocos”, es decir, el reducido círculo de corruptos conformado por sus amigos y compañeros de partido, entre ellos, César Gutiérrez, presidente de Petro Perú y Alberto Quimer, vicepresidente de Perú Petro, empresas del Estado, la primera, encargada de actividades de explotación petrolera y la segunda de las operaciones comerciales y licitación de concesiones petroleras.

Ambos funcionarios protagonizaron el pasado mes de octubre un escándalo de corrupción que puso en evidencia la podredumbre del proceso de licitaciones petroleras cuando el periodista Fernando Rospigllosi sacó al aire en un programa de televisión, el contenido de cuatro audios en el que hablaban de la entrega de una concesión a la transnacional noruega Discover Petroleum, para la explotación de cinco pozos a cambio de una importante suma de dinero.

El delito, plenamente confirmado, salpicó con la sospecha de su participación al propio mandatario y al ministro de Energía, Juan Valdivia, otro de sus amigos y miembro del APRA, quien se vio obligado a renunciar al cargo, no así Alan García, quien prefiere seguir saqueando las riquezas del Perú.

El escándalo, que paralizó por algunos meses el otorgamiento de nuevas concesiones, pero el presidente y sus colaboradores, reanudaron la ofensiva entreguista con mayor fuerza que antes, lo que hizo que las comunidades indígenas incrementaran sus protestas, dispuestos a enfrentar con sus primitivas armas, lanzas, arcos y flechas. a la fuerza armada con la que los amenaza el régimen, sino se rinden.

Pero ellos no están solos, y aunque la prensa mercenaria sataniza su protesta, haciéndose eco de la posición oficialista diciendo que pretenden subvertir el orden, desde todos los rincones del país y del resto del mundo, se levantan voces de solidaridad con su justa lucha, siendo los primeros en hacerlo sus hermanos de los pueblos originarios del continente.

Y han sido las miles de madres, hijas y hermanas de ellos, agrupadas en el colectivo Enlace Continental de Mujeres Indígenas de Suramérica las primeras en salir en su defensa en una carta pública dirigida al presidente peruano y miembros de su gabinete.

“Pedimos, -expresan ellas en su misiva- respetar el derecho al diálogo instalando los medios y mecanismos apropiados para evitar conflictos y enfrentamientos que degeneren en actos de violencia contra los pueblos indígenas del Perú.”

Señalaba igualmente la carta, la importancia de considerar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo,-OIT- que establece la consulta previa con los pueblos originarios y recomendando que “el Estado peruano debe implementar políticas para los pueblos indígenas, que aseguren sus derechos, dignidad y existencia.”

Además, en el marco del multitudinario apoyo y solidaridad que están recibiendo los indígenas peruanos esperan la llegada a la histórica ciudad de Puno, de más de 5.000 hermanos y hermanas procedentes de todos los rincones de Norte, Centro y Suramérica para celebrar la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala a realizarse entre el 27 y el 31 de mayo.

Se espera que en la cita continental de Puno, ciudad ubicada a orillas del Lago Titicaca, cuyo pueblo tiene una histórica tradición de lucha y resistencia contra los conquistadores, como fue el decidido y firme apoyo que dio a las rebeliones de Tupac Amaru y Tupac Katari en el siglo XVIII, se dé una Declaración de Solidaridad y Apoyo, a las comunidades de la Amazonía peruana en su lucha por su supervivencia y preservación de sus ancestrales territorios.

También los gobiernos progresistas y el resto de los pueblos de América Latina y el Caribe, sus hermanos blancos, negros, mestizos, zambos y mulatos, están con ellos, y en cualquier momento habrán de pronunciarse a favor de su justa causa, además, que cuenta con la solidaridad del resto de los pueblos del planeta.

Porque en la ONU, con la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas se acordó poner fin a la espiral de muerte y destrucción que durante más de cinco siglos de esclavitud, conquista y coloniaje los llevó al borde de la extinción y con la Declaración del Día Mundial de la Tierra, tambien se acordó respetar a “Pachamama, la madre tierra que no le pertenece al hombre, sino es el hombre el que pertenece a ella.”

por Hernán Mena Cifuentes
fuente: abn.info