Participando de CONADEPC 2009

Este año, nuestros amigos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo estuvieron bajo la realización de CONADEPC 2009, a lo cual se dieron cita muchisimas personas que están ligadas al derecho, tanto estudiantes como profesionales, quienes buscando enriquecer sus conocimientos se hicieron presente.

Pero hay ciertos puntos sobre los cuales se debe tener como experiencia para sucesivos eventos de tan grande embergadura, puesto que no sólo se promueve una institución sino todo un departamento en donde demostramos nuestra capacidad para un buen desarrollo en esta clase de convocatorias.

Estuve observando ciertas deficiencias, las cuales enumero a continuación:

• La impuntualidad, ya que el día de la inauguración teniamos mas de una hora esperando el inicio.
• Los fotochecks se estaban recien preparando (no entregando) despues de la inauguracion, es decir despues de la inscripcions nos decian que regresemos más tarde para recoger el fotocheck.
• Manifiestan que los materiales ofrecidos (el maletin y el libro) se entregaránn entre uno y dos dias después de iniciado el evento.
• La desorganizacion en el desarrollo, nos dijeron que era hora del coffee break, luego argumentaron equivocarse, el cual se daria despues de la siguiente dicertacion.
• Hoy viernes, nos acaban de decir que los certificados nos entregaran recien el día de mañana o en todo caso el lunes.
• Los libros que ofrecieron entregarlos, serán entregados una semana después del evento.
  

Puntos que deben ser tomados en cuenta para sucesivos CONADEPC, por eso se entrega la responsabilidad con un año de anticipación para velar porque no se den estas malas circunstancias que hablan mas fuerte que nuestro perfil.

Si hay cosas que se estan obviando, seria bueno compartirlos dejando un comentario al respecto.

Corte Suprema rechaza recusacion de Fujimori

La Corte Suprema rechazó la recusación de la defensa de Alberto Fujimori contra un grupo especial de jueces que iba a resolver una apelación planteada por el ex presidente sobre el fallo que lo condenó a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.

El abogado del ex mandatario, César Nakasaki, había objetado la participación de los jueces Héctor Rojas Maraví, Héctor Ponce de Mier, Julia Arellano Serquén, Jorge Calderón Castillo y Sócrates Zevallos Soto.

Ellos fueron convocados por el Poder Judicial para resolver la recusación de Fujimori contra los miembros de una sala que iban a ver la apelación de la sentencia condenatoria a Fujimori por los casos La Cantuta y Barrios Altos, ya que

Se trata de los miembros de la Primera Sala Penal Transitoria, Duberlí Rodríguez Tineo, Julio Biaggi Gómez, Elvia Barrios Alvarado, Roberto Barandiarán y José Neyra Flores.

Nakasaki recusó a Rojas, Ponce, Arellano, Calderón y Zevalllos por considerar que no eran imparciales debido la condición de provisionales y por ser magistrados separados en el autogolpe del 5 de abril de 1992.

El fallo representa un nuevo revés para Fujimori, puesto que ayer la misma Primera Sala Penal Transitoria dictaminó que los jueces que condenaron a Fujimori por violaciones a los derechos huamnos, César San Martín y Víctor Prado, también puedan juzgarlo por casos de corrupción.

Bolivia: Perú desvio arbitrariamente rio Mauri

Las obras hidráulicas y la infraestructura de trasvase de aguas que el gobierno peruano planifica y construye en las nacientes de la cuenca trinacional del Mauri desde el siglo XIX dañan severamente a poblaciones y ecosistemas en Bolivia, alertó el gobierno de Evo Morales.

Desde 1867, el gobierno peruano construye canales, pozos y túneles en la cuenca alta del Mauri, un río internacional de curso sucesivo que ingresa a Bolivia por la Provincia José Manuel Pando del departamento de La Paz y que desemboca en el río Desaguadero.

En 1921, el gobierno boliviano objetó el desvío unilateral de los caudales del Mauri, alegando que la utilización de un río de curso sucesivo no debía perjudicar a los propietarios del curso inferior.

En 1962, la Cancillería boliviana reiteró al gobierno peruano que el uso de un río compartido no debe perjudicar a los vecinos, y enfatizó que el caudal de un río internacional no debe ser alterado trasladando aguas de la cuenca geográfica usufructuaria y acreedora natural hacia otra cuenca geográfica diferente.

A pesar de las objeciones de Bolivia, el país vecino continuó desviando las aguas que son de vital importancia para miles de agricultores y pastores bolivianos.

De la cuenca del Mauri y sus afluentes dependen hábitats acuáticos, acuíferos, bofedales y el lago Poopó, el cuerpo de agua más importante del Altiplano central declarado sitio RAMSAR.

Se estima que el trasvase de ríos y la perforación de pozos en territorio peruano habrían secado grandes extensiones de bofedales en Bolivia, en tanto que el desvío del río en Kovire aumentó considerablemente la contaminación de aguas con boro y arsénico.

Las nuevas obras que se construirían en territorio peruano podrían reducir el cauce del Mauri entre un 26% y 77%, además de mermar los caudales de otros ríos compartidos como el Caño, Caquena y Ancomarca, entre otros.

Las consecuencias directas son disminución de la humedad y fertilidad de suelos; menor producción y calidad de alimentos y forrajes; y mayor concentración de sales, boro y arsénico en las aguas del Mauri.

No se descartan problemas de toxicidad y enfermedades humanas y animales debido a la acumulación de arsénico, boro, antimonio, plomo, sales y otros tóxicos en suelos, organismos acuáticos, forrajes y alimentos.

Preocupación en Bolivia

"Hay preocupación del gobierno (por) algunos desvíos que estaría realizando Perú y que estarían poniendo en riesgo de desaparición al Desaguadero y al Poopó. Alertamos sobre los efectos devastadores y hacemos un llamado de que no pueden hacer estos desvíos de forma arbitraria", reclamó este jueves el canciller David Choquehuanca.

La Cancillería boliviana pidió explicaciones en marzo de este año, pero el país vecino aún no ha respondido.

Según principios fundamentales del derecho consuetudinario internacional, Perú tiene todo el derecho de aprovechar las aguas del Mauri; pero al mismo tiempo es responsable de velar porque las actividades que realice en su jurisdicción no causen daños al medio ambiente de otros Estados.

En pos de la "equidad", otro principio básico para dirimir controversias de orden jurídico entre Estados, Perú debiera aprovechar como máximo el 50 por ciento de las aguas del río Mauri y garantizar un caudal que cubra las necesidades de Bolivia.

Fuente: Bolpress

Un Pizarro criollo pretende retroceder 500 años

En Perú, un Pizarro criollo está saqueando la riqueza del país como hace 500 años lo hizo el conquistador hispano al robar el áureo metal del inca Atahualpa, sólo que esta vez el ladrón se está apropiando del “Oro Negro” de la Amazonía peruana para entregarlo a la voracidad de las transnacionales, pese al rechazo del pueblo que allí vive, declarado en insurgencia para impedir su propio exterminio y el de sus tierras ancestrales.

Alan García, es el vende-patria, y presidente del país que adelanta simultáneamente un genocidio y ecocidio orientado a la extinción de centenares de miles de indígenas, últimos descendientes de los pueblos originarios y a la destrucción de los ingentes recursos naturales que encierra ese territorio, parte de la Amazonía que posee la más grande reserva de agua dulce y biodiversidad del planeta, hoy expuestos a ser envenenados en Perú por los derrames petroleros.

La catástrofe humanitaria y ecológica que está generando el mandatario con el apoyo de los miembros de su gabinete, obtuvo carta blanca al aprobarse, en el marco del TLC suscrito con Estados Unidos, una Ley por Decreto Supremo que no requiere de la aprobación del Parlamento que faculta al Ejecutivo para dar en concesiones a las transnacionales tres cuartas de la Amazonía peruana.

El instrumento es una aberración jurídica, inconstitucional, violatoria del Derecho internacional y de acuerdos y resoluciones de la ONU, sobre los Derechos de los Pueblos Originarios y la Declaración del Día Mundial de la Tierra, aprobada por iniciativa del presidente boliviano Evo Morales, que llama al respeto e integridad de la Pachamama, -Madre tierra- nombre con el que designan los pueblos originarios a la Tierra, por ser ella la que da vida a hombres, animales, agua y plantas.

La insurrección de las comunidades nativas, tiene lugar después de meses de infructuosas negociaciones entabladas con el gobierno, que desconoce las justas demandas que plantean en defensa de de la Amazonía peruana con una superficie de más de 70 millones de hectáreas, parte de los 7 millones de kilómetros cuadrados de la selva amazónica que abarca en su totalidad a gran parte de Perú, Brasil, Bolivia, Ecuador, Guyana, Suriname, Venezuela y Guayana Francesa.

Empresas de Argentina, Australia, Canadá, Colombia, Estados Unidos, España, India, Gran Bretaña, Irlanda y de otras naciones han comenzado o se disponen a iniciar, la invasión de unos 55 millones de hectáreas (más del 70% del territorio amazónico peruano) para extraer el energético, cuyas grandes reservas se ha comprobado mediante el uso modernos y sofisticados métodos de prospección como son los satélites espaciales.

En opinión de expertos y la experiencia acumulada, el peligro que amenaza a esas frágiles y vulnerables tierras, lo constituyen los derrames de petróleo, junto con las labores de prospección sísmica, (uso de explosivos) la tala de árboles y uso de químicos tóxicos que envenenan la tierra y el agua, lo cual da origen a enfermedades, hambre, sed y muerte entre indígenas, plantas y animales.

Ejemplo trágico del inmenso daño que está llamado a generar la masiva explotación de petróleo en la Amazonía peruana, lo ofrece la vecina Amazonía ecuatoriana, donde la voracidad de una transnacional yanqui desató hace 15 años una espiral de destrucción y muerte provocada por un derrame petrolero que enfermó a miles de indígenas, envenenó ríos y mató a millones de peces y otras criaturas de la selva ecuatoriana.

El ecocidio, que causó un daño ambiental mucho mayor que el provocado por el supertanquero Exxon Valdez en Alaska hace 20 años, hizo que las comunidades indígenas de la provincia de Napo, afectadas por el derrame, instauraran una demanda judicial contra la petrolera, juicio que después de 15 años de iniciado no ha concluido debido a las maniobras dilatorias ejercidas por la empresa que se niega a aceptar su responsabilidad.

La Amazonía peruana tampoco ha escapado a desastres como los ocurridos en Ecuador, pues sus pobladores han sido víctimas de hechos similares en los últimos años, como lo fue el derrame de nueve mil millones de barriles de desechos tóxicos que la empresa yanqui Occidental Petroleum, -Oxy- lanzó a las aguas del río Corrientes y otros afluentes durante las actividades de explotación de uno pozo realizadas entre 1970 y 2000 cuando lo cedió la empresa argentina Pluspetrol.

Los contaminantes envenenaron las aguas del río, dando muerte a millones de peces y otros animales y enfermando a miles de hombres, niños, ancianos y mujeres que al beberla, bañarse y preparar sus alimentos, fueron víctimas de graves dolencias nerviosas, de la piel y vías intestinales, por efecto del plomo y cadmio contenido en los desechos, lo cual fue causa de muerte de muchos de ellos.

Es en respuesta a ese ultraje a su dignidad y existencia, que los indígenas peruanos se declararon en insurgencia, en nombre del legítimo derecho que asiste a todo pueblo a rebelarse contra la ocupación del territorio en el que han vivido durante milenios, aislados de una sociedad depredadora que los ha llevado al borde de la extinción, por lo que exigen al gobierno la derogación de los decretos que aprueban el otorgamiento de concesiones a las transnacionales petroleras.

La respuesta del mandatario a su justa causa, no pudo ser más brutal y prepotente. “Las tierras pertenecen a todos y no a un pequeño grupo que vive allí. Las tierras de la Amazonía son de ustedes, de sus hijos, son de toda la nación”, les dijo en un gran esfuerzo para ocultar el cinismo e hipocresía que encerraban sus palabras.

Y es que en el lenguaje del presidente peruano, la palabra “todos” significa “pocos”, es decir, el reducido círculo de corruptos conformado por sus amigos y compañeros de partido, entre ellos, César Gutiérrez, presidente de Petro Perú y Alberto Quimer, vicepresidente de Perú Petro, empresas del Estado, la primera, encargada de actividades de explotación petrolera y la segunda de las operaciones comerciales y licitación de concesiones petroleras.

Ambos funcionarios protagonizaron el pasado mes de octubre un escándalo de corrupción que puso en evidencia la podredumbre del proceso de licitaciones petroleras cuando el periodista Fernando Rospigllosi sacó al aire en un programa de televisión, el contenido de cuatro audios en el que hablaban de la entrega de una concesión a la transnacional noruega Discover Petroleum, para la explotación de cinco pozos a cambio de una importante suma de dinero.

El delito, plenamente confirmado, salpicó con la sospecha de su participación al propio mandatario y al ministro de Energía, Juan Valdivia, otro de sus amigos y miembro del APRA, quien se vio obligado a renunciar al cargo, no así Alan García, quien prefiere seguir saqueando las riquezas del Perú.

El escándalo, que paralizó por algunos meses el otorgamiento de nuevas concesiones, pero el presidente y sus colaboradores, reanudaron la ofensiva entreguista con mayor fuerza que antes, lo que hizo que las comunidades indígenas incrementaran sus protestas, dispuestos a enfrentar con sus primitivas armas, lanzas, arcos y flechas. a la fuerza armada con la que los amenaza el régimen, sino se rinden.

Pero ellos no están solos, y aunque la prensa mercenaria sataniza su protesta, haciéndose eco de la posición oficialista diciendo que pretenden subvertir el orden, desde todos los rincones del país y del resto del mundo, se levantan voces de solidaridad con su justa lucha, siendo los primeros en hacerlo sus hermanos de los pueblos originarios del continente.

Y han sido las miles de madres, hijas y hermanas de ellos, agrupadas en el colectivo Enlace Continental de Mujeres Indígenas de Suramérica las primeras en salir en su defensa en una carta pública dirigida al presidente peruano y miembros de su gabinete.

“Pedimos, -expresan ellas en su misiva- respetar el derecho al diálogo instalando los medios y mecanismos apropiados para evitar conflictos y enfrentamientos que degeneren en actos de violencia contra los pueblos indígenas del Perú.”

Señalaba igualmente la carta, la importancia de considerar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo,-OIT- que establece la consulta previa con los pueblos originarios y recomendando que “el Estado peruano debe implementar políticas para los pueblos indígenas, que aseguren sus derechos, dignidad y existencia.”

Además, en el marco del multitudinario apoyo y solidaridad que están recibiendo los indígenas peruanos esperan la llegada a la histórica ciudad de Puno, de más de 5.000 hermanos y hermanas procedentes de todos los rincones de Norte, Centro y Suramérica para celebrar la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala a realizarse entre el 27 y el 31 de mayo.

Se espera que en la cita continental de Puno, ciudad ubicada a orillas del Lago Titicaca, cuyo pueblo tiene una histórica tradición de lucha y resistencia contra los conquistadores, como fue el decidido y firme apoyo que dio a las rebeliones de Tupac Amaru y Tupac Katari en el siglo XVIII, se dé una Declaración de Solidaridad y Apoyo, a las comunidades de la Amazonía peruana en su lucha por su supervivencia y preservación de sus ancestrales territorios.

También los gobiernos progresistas y el resto de los pueblos de América Latina y el Caribe, sus hermanos blancos, negros, mestizos, zambos y mulatos, están con ellos, y en cualquier momento habrán de pronunciarse a favor de su justa causa, además, que cuenta con la solidaridad del resto de los pueblos del planeta.

Porque en la ONU, con la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas se acordó poner fin a la espiral de muerte y destrucción que durante más de cinco siglos de esclavitud, conquista y coloniaje los llevó al borde de la extinción y con la Declaración del Día Mundial de la Tierra, tambien se acordó respetar a “Pachamama, la madre tierra que no le pertenece al hombre, sino es el hombre el que pertenece a ella.”

por Hernán Mena Cifuentes
fuente: abn.info

Los que no accederan a Ley Carrera Publica Magisterial

Según un reciente fallo del Tribunal Constitucional. Para los que lleven procesos por delitos dolosos. Se intenta prevenir el abuso.

Según un reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC), los docentes que estén incursos en un proceso penal por delito doloso, no podrán acceder a la nueva ley de Carrera Pública Magisterial (CPM). El fallo fue dado a conocer en el diario oficial El Peruano.

Para el viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de educación, Víctor Raúl Díaz Chávez, esta sentencia del TC ratifica la voluntad de castigo para los docentes que cometieron maltrato físico, psicológico u hostigamiento sexual en agravio de sus alumnos.

Separados de las aulas

Asimismo, Díaz Chávez sostuvo que desde el inicio de la gestión del Ministerio de Educación ha trabajado para retirar de las aulas a los docentes que hayan incurrido en alguno de los delitos antes citados. “Desde el primer día de nuestra gestión pusimos una especial preocupación por cuidar la integridad física y emocional de nuestros niños y niñas”, afirmó el viceministro.

Recordó también que en dicho fallo el Tribunal Constitucional declaró infundada la demanda de inconstitucionalidad que se interpuso sobre varios artículos de la nueva ley de Carrera Pública Magisterial. Según explicó el funcionario, porque el TC considera que con esta medida no se vulnera el derecho de todo ciudadano a la presunción de inocencia.

Pero, precisamente para evitar casos de abusos y maltratos dentro de los centros educativos, Díaz Chávez hizo un llamado a los padres y a los mismos alumnos a estar alertas ante cualquier acto irregular y a no permitir este tipo de acciones inadecuadas.

Si desean realizar alguna denuncia, dijo, pueden hacerlo de manera totalmente anónima llamando al número 0800 13687. Ahí serán atendidos por un funcionario de la Comisión de Atención de Denuncias y Reclamos (CADER).

Están identificados

Por otra parte, añadió que existe en el portal web del Ministerio de Educación un listado con las identidades de maestros que fueron retirados del magisterio por actos de abuso y maltrato a sus alumnos. Esta información está al alcance de quien desee revisarla en la dirección web.

Descarga la lista (relación) de docentes sentenciados aquí:

http://www.minedu.gob.pe/DeInteres/xtras/docentes_sentenciados2.pdf.

Precisión

Huelgas. El TC declaró también infundada la demanda contra el artículo primero de la ley que declara la Educación Básica Regular como un servicio esencial en el Perú. Esto quiere decir, entre otros puntos, que cuando los docentes quieran ejercer su derecho a huelga deberán garantizar que los alumnos sigan recibiendo debidamente sus clases.

Redacción La República.

El derecho de mar es tema del siglo XXI y no del XIX

Canciller peruano aclara a presidenta chilena. En presentación ante el Congreso de su país, Bachelet pidió al Perú que relación entre los dos países sea mirando al siglo actual y no al de hace doscientos años.
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Tal como lo conocemos, el derecho del mar nace con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, aclaró el canciller José Antonio García Belaunde ante las afirmaciones hechas por la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en el sentido de que su país “busca desarrollar una relación normal e inteligente con el Perú, mirando al siglo XXI y no al siglo XIX”.

La mandataria chilena se presentó ayer ante el Congreso de su país para hacer el último balance anual de su gobierno y aprovechó la ocasión para hacer una disertación política en favor de la tesis chilena, aprovechando la atención mediática generada por la intervención de otros países de la región en la discusión de un tema que debería ser estrictamente bilateral.

“Como país respetuoso del derecho internacional, haremos valer en la Corte los sólidos argumentos jurídicos y de hecho que sustentan nuestra posición con plena confianza, porque nos asiste la razón jurídica”, dijo durante su discurso.

Bachelet también afirmó que su gobierno “ha lamentado profundamente el cuestionamiento de límites marítimos que hizo el Perú ante la Corte Internacional de Justicia”, en referencia a la demanda presentada por nuestro país ante La Haya para pedir, precisamente, una demarcación inexistente.

Finalmente, Bachelet aseveró que su país estará unido en defensa de su soberanía.

Cuestión de siglos

García Belaunde –máximo representante de nuestra diplomacia– hizo algunas aclaraciones necesarias a las afirmaciones hechas horas antes por la dignataria chilena.

En primer lugar, el canciller peruano se esmeró en recordar que “en el siglo XIX no existía el derecho al mar, pues este es un tema de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, tras la aprobación de la Convención de las Naciones Unidas de 1982”.

En respuesta a afirmaciones de Bachelet que pretenden hacer quedar a la demanda peruana como anacrónica, García Belaunde dijo que el siglo XXI es el de los mecanismos de solución pacífica de controversias, como la demanda presentada por el Perú ante La Haya.

“En ese sentido, somos exponentes claros del siglo XXI, que es una apuesta por la paz y la institucionalidad internacional”, recalcó. Sobre la “relación inteligente” que demandó Bachelet, señaló que la política de cuerdas separadas que ha establecido el Perú para con Chile “es una forma de hacer una relación inteligente, de llevar nuestras diferencias al campo de la solución pacífica y trabajar nuestras afinidades”.

El canciller afirmó, además, que Chile se precipitó al considerar que Ecuador intervendría a su favor en el diferendo marítimo. Sin embargo, dijo, este sigue siendo un proceso entre los dos países.

“Se trató de una estrategia mediática para tratar de hacer intervenir a Ecuador en el proceso, pero eso tiene poco o ningún impacto en la Corte; y si lo tuviese, diría que sería negativo porque la Corte es muy celosa de que los procesos deben llevarse seriamente”, expresó.

Finalmente, se mostró confiado en que el tema del diferendo marítimo no sea parte de la campaña electoral que vive el país del sur.

Bolivia no toma partido en el diferendo

Franz Solano, embajador de Bolivia en Perú, explicó que en principio su país no forma parte del proceso que llevan Perú y Chile ante la Corte de La Haya por la definición del límite marítimo entre ambos, por lo que Bolivia no toma partido por ninguno de los dos países vecinos involucrados en la demanda.

En este sentido, precisó que las declaraciones del gobierno de Evo Morales sobre el tema, al no formar parte del litigio, deben ser tomadas como una opinión.

El diplomático también señaló que Bolivia se mantiene como un país con “derechos expectantes” en torno a la posibilidad de obtener de Chile una salida soberana hacia el Océano Pacífico por territorios que anteriormente le pertenecían a Perú. En esa línea, confirmó que este será uno de los 13 puntos de la agenda que abordarán Chile y Bolivia.

Por otro lado, Solano sostuvo que Bolivia espera que Perú decida la revocatoria del asilo y refugio que le concedió a tres ex ministros bolivianos tras revisar los dos tomos en los que se detallan los cargos por los que son procesados.

Recalcó que los ex ministros son fugitivos de la justicia, porque escaparon para no enfrentar acusaciones, y reiteró que no se puede dar este beneficio a quienes cometieron crímenes considerados de lesa humanidad por el derecho internacional.

por Ana Núñez
Tomado de La República

Ex Ministros Bolivianos "tienen garantias"

El gobierno del presidente Evo Morales iniciará una campaña para convencer a países y organismos extranjeros que dieron o se dispongan a dar protección al ex presidente liberal Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros, que éstos tienen todas las garantías para un juicio que se iniciará en breve en Bolivia.

El canciller David Choquehuanca anunció en La Paz que se enviarán documentos sobre el juicio contra ex jerarcas a organizaciones mundiales de derechos humanos y a los países que, como Estados Unidos y Perú, acogieron en diferentes momentos a varios ex gobernantes.

"Vamos a hacer conocer a todas las misiones diplomáticas acreditadas en Bolivia para que el mundo y los organismos internacionales conozcan que se trata de una demanda de justicia", afirmó Choquehuanca, según consigna este viernes la prensa local.

El gobierno de La Paz reaccionó con indignación cuando se enteró de que durante la última semana su par peruano otorgó amparo político a los ex ministros Mirtha Quevedo, Javier Torres Goitia y Jorge Torres Obleas, quienes argumentan que sus derechos de defensa han sido vulnerados en Bolivia.

Los tres asilados se suman a quienes pidieron refugio en Estados Unidos, el propio ex presidente Sánchez de Lozada y sus ministros Carlos Sánchez Berzaín (Defensa) y Jorge Berindoague (Hidrocarburos), quienes dejaron Bolivia, cuando dimitieron en octubre de 2003, tras una revuelta social en la ciudad andina de El Alto.

Todos ellos, más otros 10 ex ministros, fueron acusados desde la caída del entonces régimen liberal ante la Corte Suprema de Justicia por varios delitos, como los de genocidio y peculado, para un proceso que debe comenzar la próxima semana.

Sin embargo, el curso del juicio en la Corte Suprema se sumió en la incertidumbre, luego de que el presidente de la misma, Eddy Fernández, fuera destituido el miércoles del cargo, tras ser acusado por el oficialismo de tardanza en la aplicación de justicia, como el mismo proceso contra Sánchez de Lozada.

Según el ministro Choquehuanca, el objetivo es que países como Perú y Estados Unidos conozcan que los derechos de los procesados no fueron vulnerados y que gozaron del derecho a la defensa.

Para el canciller, en el caso peruano la campaña estará orientada a que el gobierno de Alan García suspenda el asilo otorgado a los tres ex ministros y que otros eviten imitar a Perú, si otros ex ministros bolivianos golpean sus puertas para eludir el juicio en Bolivia.

El ministro dijo que "invocamos a la comunidad internacional, al gobierno peruano y al pueblo peruano para que estos hechos no pueden quedar en la impunidad".

Mientras Lima y La Paz mantienen una tensa relación por el asilo otorgado, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) negó haber solicitado al gobierno de Perú refugio político para dos ex ministros bolivianos, como dijo la ex ministro Quevedo que había ocurrido.

"ACNUR no fue en ningún momento consultado o informado por instancias de ese gobierno (Perú) en relación a dichos casos" de los ex ministros Mirtha Quevedo y Javier Torres Goitia, dijo la oficina de las Naciones Unidas, en un comunicado entregado a la AFP en La Paz (En la foto: El canciller boliviano, David Choquehuanca, en conferencia de prensa en La Paz).

Funcionarios Corruptos

La Presidencia del Consejo de Ministros publicó en su página web la relación de funcionarios sentenciados por delitos contra la administración pública.

El listado forma parte del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción y fue elaborado con información brindada por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio de Justicia.

Entre los 838 nombres divulgados figuran el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, el ex ministro aprista Agustín Mantilla y la ex fiscal de la Nación Blanca Nélida Colán. A ellos se suman los funcionarios sancionados administrativamente por faltas vinculadas a actos de corrupción. Estos nombres fueron proporcionados por los ministerios y organismos públicos.

EN EL ÁMBITO JUDICIAL - SENTENCIADOS

NOTA: El presente listado ha sido elaborado en base al Registro de Funcionarios procesados en contra de la Administración Pública, proporcionado por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio de Justicia, conforme a lo establecido por Resolución Ministerial Nº 233-2008-JUS (26.04.08)

[DESCARGAR LISTA COMPLETA]

EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO - SANCIONADOS

NOTA: El presente listado (RELACIÓN) ha sido elaborado consignando fielmente la información proporcionada a la Presidencia del Consejo de Ministros por los Ministerios y Organismos Públicos respectivos y cuya recopilación ha sido efectuada hasta el mes de marzo de 2009. La referida información corresponde a las sanciones efectivas impuestas, tales como: (i) destitución, (ii) suspensión, (iii) amonestación, y (iv) otras sanciones. La información contempla las sanciones efectivas aplicadas durante el primer trimestre del 2009

[DESCARGAR LISTA COMPLETA]

Más información: http://peruintegro.pcm.gob.pe/

¿Que dicen los bolivianos de su derecho al mar?

Nuestro derecho al mar es un postulado muy serio

Chile y el Perú tienen la obligación de actuar seriamente ante Bolivia. Pero, para que eso suceda, nuestros representantes deben tener la capacidad y el valor necesarios para exigir ese comportamiento. Hay situaciones en las que las víctimas son tan culpables como los victimarios.

Entre las actividades humanas, la menos próxima a la verdad, al equilibrio, al entendimiento, es la política. No hay político que no exagere, que no mienta, que no sobredimensione lo suyo y minimice o degrade lo ajeno. Pero, nuestra comprensión de la verdadera naturaleza de la política tiene límites. No es correcto aceptar todo ni pasar por alto aun las acciones más violentas, equivocadas y deformadoras de lo que realmente sucede en la sociedad y en la historia. Hay temas que deben ser tratados con cuidado y con seriedad, aunque no sabiamente, porque eso sería exigir mucho de quiénes están ahí, no precisamente por esa cualidad.

El derecho de Bolivia a retornar soberanamente al Pacífico, es uno de los objetivos fundamentales pendientes. Es una afirmación incuestionable decir que la pobreza y atraso de Bolivia se agravan, en términos incalculables, por efecto del enclaustramiento que le fue impuesto en 1879. En el Producto Interno Bruto de todos los países del mundo con mar, las riquezas provenientes de los océanos, muchas veces exceden el 40% de ese total, tal aporte se produce automáticamente, sin ningún esfuerzo extraordinario. Recoger lo que los mares ofrecen a la humanidad, es casi una distracción. Bolivia hace más de 120 años no recibe nada del Pacífico que moral, legal e históricamente le pertenece.

Bolivia es uno de los países menos ricos, no sólo porque una parte de su riqueza le fue arrebatada en una guerra injusta, cruel y despiadada, sino por el aislamiento que de hecho le ocasionó. Todo lo que Bolivia hace con el mundo le cuesta mucho más de lo que significa para países con salida propia al mar. Tanto en tiempo como en dinero y esfuerzo las relaciones de nuestro país con el resto de América, así como con Europa, Asia y África son difíciles, lentas y costosas. No es sólo un pretexto hablar del enclaustramiento cuando nos referimos a la situación en que nos encontramos.

El debate en esta materia debe ser realizado con la mayor seriedad y respeto por los pueblos. Sabemos que Chile no es generoso, nunca lo ha sido. Recuperaremos lo que nos corresponde con nuestro propio esfuerzo y con el apoyo de todos los países del mundo que luchan por la justicia y por la paz. Por su lado, el Perú bajo el peso de interpretaciones equivocadas del pasado hace y haría poco o nada porque Bolivia vuelva soberanamente al Pacífico, tendremos que realizar las acciones necesarias para demostrar a este país que todo lo que sucedió fue consecuencia lógica de la guerra. Se trata de dos frentes que deben ser encarados de acuerdo con su propia naturaleza. En ámbito internacional, cada país logra lo que corresponde a su dignidad, a su trabajo, a su lucha.

Exigimos a los gobernantes de Chile y el Perú que actúen seriamente con Bolivia; a los primeros, porque hasta ahora siempre se han burlado de nosotros y a los segundos, porque no son suficientemente consecuentes con el que estuvo y está a su lado, en momentos difíciles. Pero, si deseamos actitudes serias y respetuosas, también nosotros tenemos que actuar en esa línea y con esa profundidad. En las actuales circunstancias, la causa marítima quizá sea el único motivo para unirnos. Es urgente elaborar una tesis aceptada y respaldada por todos. Ninguna negociación parcial y oculta será aceptada por la población, las parcialidades de las que habla el Gobierno tienen que ser debatidas en los diversos sectores y niveles del país.

Fuente: http://www.opinion.com.bo/Portal.html?CodNot=58703&CodSec=2

Mandamientos del Abogado

I. "ESTUDIA:

El Derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos serás cada día un poco menos abogado".

II. "PIENSA:

El Derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando".

III. “TRABAJA:

La Abogacía es una ardua fatiga puesta al servicio de la justicia".

IV. "LUCHA:

Tu deber es luchar por el Derecho; pero el día que encuentres en conflicto el Derecho con la Justicia, lucha por la Justicia".

V. “SE LEAL:

Leal para tu cliente, al que no debes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. Leal para con el adversario, aún cuando él sea desleal contigo. Leal para con el Juez que ignora los hechos y debe confiar en lo que tu dices; y que en cuanto al Derecho alguna que otra vez, debe confiar en el que tu lo invocas".

VI. "TOLERA:

Tolera la verdad ajena en la misma medida en que tu quieras que sea tolerada la tuya".

VII. "TEN PACIENCIA:

El tiempo se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración"

VIII. "TEN FE:

Ten fe en el Derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; en la justicia, como destino normal del Derecho; en la paz, como sustitutivo bondadoso de la justicia; y sobre todo ten fe en la libertad, sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz.

IX. "OLVIDA:

La abogacía es una lucha de pasiones. Si en cada batalla fueras cargando tu alma de rencor, llegará un día en que la vida será imposible para ti. Concluido en combate, olvida tan pronto tu victoria como tu derrota.

X. "AMA TU PROFESIÓN:

Trata de considerar la Abogacía de tal manera que el día en que tu hijo te pida consejo sobre su destino, consideres un honor para ti proponerle que se haga abogado".

EDUARDO J. COUTURE

El Consejo Nacional de la Magistratura

La Democracia no se sustenta sólo en la Libertad; su basamento principal se halla en la Justicia, si esta no rige en forma plena, el Pueblo queda desamparado en sus derechos.

En la necesidad de garantizar estos derechos radica la importancia de una institución como el Consejo Nacional de la Magistratura. Hoy, el CNM tiene gran responsabilidad en la construcción de una administración de justicia independiente y creíble para la ciudadanía, es una de las más importantes innovaciones que trajo consigo la vigente Constitución Política del Perú.

El Consejo Nacional de la Magistratura, Se rige por la Constitución Política y su propia Ley Orgánica, Ley N° 26397, publicada el 12 de diciembre de 1994.

Este Organismo, independiente por mandato constitucional, tiene la muy alta y delicada misión de seleccionar, nombrar y periódicamente ratificar a jueces y fiscales sólidamente probos, independientes, provistos de irreductibles valores éticos y morales, idóneos para garantizar la plena vigencia de los derechos de la persona y el respeto a su dignidad, a través de una correcta administración de justicia.

También el CNM tiene como función, procesar disciplinariamente, a jueces y fiscales que, investidos de cualquier jerarquía, incurren en faltas contra los deberes de función, desmereciendo en el concepto público la imagen de probidad, idoneidad e imparcialidad que todo buen juez o fiscal deben observar.

La independencia que nuestra Carta Constitucional le confiere a este organismo, lo dota también de la responsabilidad de elegir y destituir si es el caso, a quienes ejercen las jefaturas de dos importantes organismos que concurren en la realización de las elecciones políticas generales y municipales en el Perú.

Estos son La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC), de cuyo accionar e independencia depende en grado sumo, la realización de comicios limpios y transparentes, garantizando con ello la vigencia plena de un estado democrático.

El Consejo Nacional de la Magistratura es entonces un organismo a quien la Constitución Política le reconoce amplios poderes, hoy restituidos. Por ello es que el ejercicio exclusivo de sus facultades, la independencia en el cumplimiento de las mismas y la idoneidad de quienes lo conforman, son y serán la garantía de la utilización de sus funciones en forma independiente, imparcial y transparente.

VISIÓN
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Organización eficiente con elevado nivel de credibilidad, que innova formas inteligentes de evaluación, y desarrolla procesos justos y transparentes en la incorporación y separación de magistrados y autoridades civiles-administrativas, para consolidar organizaciones que sean reconocidas y aceptadas por la sociedad en su función de administración de justicia y legalidad.


MISIÓN
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Fortalecer el sistema de administración de justicia, nombrando y ratificando a jueces y fiscales probos y eficientes y destituyendo a los que transgredan sus responsabilidades, contribuyendo de ese modo a mejorar la administración de justicia y la defensa de la legalidad en el país.


CONFORMACIÓN DEL CNM Y
RESEÑA PERSONAL DE SUS CONSEJEROS
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En la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, está representada la institucionalidad del País. Poder Judicial, Ministerio Público, Colegios Profesionales y Universidades Públicas y Privadas. Es así pues la Constitución Política busca que en la selección y/o ratificación de jueces y fiscales, así como los procesos disciplinarios que se les siga, no haya ingerencia de ningún grupo de interés político.

El CNM está conformado por siete integrantes a quienes se denomina Consejeros. Ellos son elegidos:

* Uno, por los miembros titulares de la Corte Suprema de la República, en votación secreta.
* Uno por los miembros titulares de Junta de Fiscales Supremos, en votación secreta.
* Uno por los Rectores las universidades nacionales en votación secreta.
* Uno por los Rectores de las universidades particulares en votación secreta
* Uno por los agremiados en los distintos Colegios de Abogados del País en elecciones organizadas por la ONPE y en la que todos los abogados hábiles del Perú eligen a su representante mediante sufragio directo y secreto.
* Dos son elegidos por los agremiados en los demás colegios profesionales del país descontados los colegios de abogados. Las elecciones las organiza la ONPE y participan profesionales hábiles (ingenieros, contadores públicos, médicos, economistas, sociólogos, etc) mediante el sufragio directo y secreto

En todos los casos, los candidatos a consejeros que obtengan la segunda mayoría de votos, son elegidos consejeros suplentes.


FACULTADES DEL
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
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El CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
Es un Organismo Autónomo e independiente de los demás órganos constitucionales y Poderes del Estado.
Se encuentra sometido únicamente a la Constitución Política del Perú y a su propia Ley Orgánica cuyo número es el 26397.

LAS FACULTADES CONSTITUCIONALES DEL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
Al CNM le compete seleccionar, nombrar, ratificar y destituir a los jueces y fiscales del Perú en todos los niveles y jerarquías, con excepción de los jueces que han sido elegidos por elección popular.

La Constitución Política del Perú en su artículo 152º establece que se nombran por elección popular los jueces de paz y mediante una ley se fijarán la forma de elección, los requisitos, el desempeño jurisdiccional, la capacitación y el tiempo de duración en el cargo.

Así también, el CNM nombra, ratifica y/o destituye al Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)

¿A QUIEN SELECCIONA Y NOMBRA COMO JUEZ O FISCAL EL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA?
A quienes son peruanos de nacimiento y teniendo el título de abogado y/o han seguido los cursos de formación y capacitación en la Academia de la Magistratura. el CNM organiza un concurso público de méritos para elegir a quienes se desempeñarán como magistrados del Poder Judicial o del Ministerio Público, es decir quienes serán jueces o fiscales, respectivamente.

Para que un magistrado, juez o fiscal, ascienda a un nivel superior es requisito indispensable que haya aprobado el ciclo de estudios especiales que requiera la Academia de la Magistratura.

Para ser Magistrado Supremo del Poder Judicial o del Ministerio Público se requiere además, ser mayor de 45 años, haber sido magistrado de Corte Superior o Fiscal Superior durante 10 años o haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante 15 años.

¿A QUIENES RATIFICA EL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA?
El artículo 154 de la Constitución Política del Perú señala que el CNM ratifica en sus cargos a jueces y fiscales de todos los niveles cada 07 años.

Las ratificaciones de jueces o fiscales empezaron a hacerse el año 2001 en virtud de que la Constitución Política del Perú, cumplió siete años de vigencia ese año y en consecuencia se cumple el periodo tras el cual, todo magistrado titular, debe pasar por un proceso de evaluación para su ratificación a efectos de considerar si permanece o no en la carrera judicial.

¿A QUIENES DESTITUYE EL CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA?
El CNM, previo proceso disciplinario, aplica la sanción de destitución a Vocales y Fiscales Supremos. Para ello, de oficio o ante denuncia de parte, puede abrirles investigación preliminar y proceso disciplinario y en el caso de jueces y fiscales de inferior jerarquía a los supremos, la investigación preliminar y el consiguiente proceso disciplinario se hace a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, según sea el caso.

La destitución de un juez o fiscal de cualquier nivel se produce previa audiencia con el interesado y cuando éste ha sufrido sentencia penal o cometido actos no acordes con la conducta funcional que un magistrado debe observar, los mismos que sin ser delito, atentan contra los deberes de su función, el decoro y la dignidad del cargo que se le ha conferido.

Así también, el CNM, por haberles nombrado, puede destituir al Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales ONPE y al Jefe del Registro Nacional de Identidad y Estado Civil, RENIEC .

A continuacion el organigrama del Consejo Nacional de la Magistratura


Tomado de la CNM

El Arresto Ciudadano

¿Pueden los particulares detener a cualquier persona? Sin duda, la respuesta inmediata sería decir no, pues conforme a la Constitución solo el juez y la policía, esta última en caso de flagrante delito, pueden efectuar una detención (art. 2.24.f).

Sin embargo, qué ocurriría si una persona llega a su casa y encuentra a un delincuente que le está robando. Tiene dos opciones: lo deja ir, o cierra la puerta, le impide salir y llama inmediatamente a la policía. Nadie lo obliga a hacerlo, pues es una decisión personal, pero si lo hace, ¿contaría su conducta con respaldo legal?

Precisamente, la figura del denominado arresto ciudadano le brinda cobertura legal a este tipo de actuación. En rigor, no estamos ante una forma de detención sino ante una restricción momentánea a la libertad personal en casos como el mencionado, es decir, en situaciones absolutamente excepcionales. No se puede pretender con ello que los ciudadanos reemplacen a la policía, a quien constitucionalmente le corresponde velar por el orden interno y, por tanto, por la seguridad ciudadana. Se trata de una forma excepcional de actuación que se sustenta en el artículo 2.24.b de la Constitución según el cual "No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley", en este caso, el Código Procesal Penal (art. 260) y, además, en la legítima defensa que cuenta con respaldo constitucional (art. 2.23).

El problema se presenta cuando la figura excepcional del denominado arresto ciudadano, que también existe en otras legislaciones, se distorsiona y se le pretende dar un papel distinto. Y es que esta figura no legitima a los particulares a salir a patrullar las calles para detener a cualquier sospechoso o a manifestantes revoltosos o violentos en las marchas que abundan en el país. Tampoco le permite hacerlo al serenazgo, pues los serenos no actúan como ciudadanos sino como servidores públicos dependientes de los gobiernos locales y, claro está, no son policías.

El arresto ciudadano solo permite a un particular, en caso de flagrante delito (es decir, cuando encuentra a un delincuente con las manos en la masa), restringir la libertad de un delincuente para ponerlo inmediatamente en manos de la policía. No busca legitimar la justicia por la propia mano, ni reemplazar a la policía, y tampoco constituye una herramienta para enfrentar la inseguridad ciudadana que atraviesa el país.

Pretender darle un papel distinto a la figura del arresto ciudadano no hará sino distraer el debate sobre un tema central: la debilidad de la Policía Nacional para garantizar el orden interno. Ese es el tema de fondo que resulta imprescindible atender. No hay que olvidar que conforme a la Ley 27933 el ministro del Interior preside el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (art. 7).

En definitiva, no hay duda de que en circunstancias absolutamente excepcionales los ciudadanos podemos colaborar, pero jamás hacer justicia por la propia mano ni reemplazar a la policía. El serenazgo tampoco puede hacerlo. Y es que el Estado, según nuestra Constitución (art. 44), tiene el deber de "proteger a la población de las amenazas contra su seguridad". Para ello, se debe fortalecer a nuestra policía y diseñar y aplicar políticas razonables para enfrentar la inseguridad ciudadana.

Por Samuel B. Abad Yupanqui. Abogado
Tomado de: El Comercio

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Gabriel Prado, experto en temas de seguridad ciudadana, consideró que aprobar la figura del arresto ciudadano podría resultar contraproducente pues una mala implementación de la medida generaría arbitrariedades.

“La figura del arresto ciudadano existe, pero tiene que ser tomada con mucha cautela para evitar excesos por parte de cualquier ciudadano que pueda atribuirse estas funciones”, sostuvo Prado en declaraciones a elcomercio.com.pe.

Este miércoles, la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas debatirá la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal en todo el país, que incluye dentro de sus artículos la referida figura de arresto ciudadano.

El experto recalcó que, de llevarse a la práctica el referido sistema, podría representar riesgos para la ciudadanía: “Una persona común y corriente no se puede enfrentar con un delincuente porque puede recibir algún ataque, agresión y hasta llegar a ser herido o perder la vida”, explicó.

Para Prado, la alternativa más viable consiste en potenciar las juntas vecinales porque “están constituidas, normadas, existen a nivel nacional y son los mejores referentes para que la ciudadanía participe en la seguridad”.

Haciendo una evaluación de sistemas similares aplicados en otros países, el experto mencionó los casos de Guatemala, El Salvador y Honduras, donde se ha implementado el arresto ciudadano, aunque con algunos matices.

A juicio de Prado los resultados no son muy auspiciosos pues “las organizaciones o las rondas han suplantado a la autoridad y han cometido serios excesos”.

Como se sabe, desde hace casi un año, en La Libertad, Tacna, Moquegua, Arequipa y Huaura se permite el arresto ciudadano, y se han notificado 168 arrestos y ningún herido. Sobre el particular, Prado consideró que debe tomarse con mucho cuidado la experiencia aplicada en el país.

“Habría que cruzar (el dato) con el número de población y la actividad delictiva en cada una de esas jurisdicciones. Estoy seguro de que el impacto de esos 168 casos es irrelevante o menor”, concluyó el experto.

Tomado también de: El Comercio